RETRATO DEL CONSTRUCTOR
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Lunes, 05 de junio de 2006
VICENTE GARCIA NOS INVITA A UNA LECTURA REFLEXIVA.
Federación de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile
LOCE: Impedimento creado por la Dictadura y Responsabilidad de esta Democracia
Santiago, Junio 30 del 2006.
Si bien es cierto que la evolución de las funciones y estructuras de gobierno de las universidades en el mundo ha sido una constante en el tiempo, en nuestro continente la "Reforma de Córdoba" (1918) es, sin lugar a dudas, el hito más importante en el cual se han inspirado todos los movimientos reformistas en Latino-América. Los principios fundamentales a los que se atuvieron las universidades a partir de dicha reforma fueron: gratuidad, laicidad, libertad de cátedra, y participación.
En Chile, a partir del año 1966 se genera una gran movimiento reformista el cual culminó en 1970, cuando, en un hecho inédito, el Parlamento Chileno acogió, por unanimidad y sin cambiar una sola coma, la propuesta de la comunidad universitaria, en la cual se consagran, entre otros, los principios de: gratuidad, autonomía, libertad de cátedra y participación triestamental. Lamentablemente, esta experiencia no logró ser desarrollada a plenitud, por cuanto fue abruptamente interrumpida por el golpe militar del 11 de Septiembre 1973, fecha en que las universidades fueron brutalmente intervenidas, rediseñándolas con el propósito que sirvieran a los intereses de la dictadura y de los grupos económicos.
La dictadura impone mediante decretos los estatutos por los cuales deben regirse las universidades, tanto nacionales como regionales, estas últimas creadas a partir del año 1980 con los patrimonios provenientes, fundamentalmente, de las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado.
A partir del año 1983 se inician, por parte de los estudiantes y académicos, movimientos tendientes a lograr la democratización de las universidades públicas. Esta lucha al interior de las universidades giró en torno a lograr una mayor participación de la comunidad universitaria en las estructuras vigentes y el término del régimen de los rectores delegados, figura contemplada en la mayoría de los artículos transitorios de los estatutos impuestos. Sin embargo, al poco andar se reconoció que el término del régimen de los rectores delegados pasaba, necesariamente, por la salida del dictador. A partir de ese reconocimiento, la actividad tanto de los estudiantes como de los académicos, se volcó a una participación activa en recuperar la democracia en el país.
A partir de 1990 las universidades entran en un proceso de democratización, sin embargo, este proceso se ve detenido por los grupos de poder que asumen la conducción de las universidades, los cuales ven en los estatutos heredados de la dictadura una excelente herramienta que les permite, dentro de un marco legal, entronizarse en los cargos y hacer uso y abuso de los recursos económicos y financieros, deteriorando fuertemente el patrimonio físico e intelectual de las universidades y con ello a igual destino el desarrollo de la nación.
Por ello, es que tenemos la convicción que la democratización del país, necesariamente debe contemplar la creación de instancias efectivas de participación en las Universidades del Estado, las cuales sólo así podrán recuperar el rol que antes alcanzaron en nuestra sociedad: ser la conciencia crítica de la sociedad, contribuyendo en forma decidida en el bienestar de ésta, tanto en lo material como en lo espiritual.
El escenario actual en lo que se refiere a Educación Universitaria está conformado por: las 16 Universidades del Estado, las que constituyen el Consorcio de Universidades del Estado; 9 universidades públicas privadas que reciben aporte del Estado y que, junto con las 16 universidades del Estado conforman las 25 universidades del Consejo de Rectores; y un número superior a 50 universidades privadas.
Las más de 80 universidades en conjunto con los Centros de Formación Técnica y los Institutos Profesionales conforman el Sistema de Educación Superior en nuestro país, sistema que se proyecta, para el año 2010, el atender la demanda de más de un millón de estudiantes. Se estima que anualmente se entregará al mercado 250.000 nuevos profesionales, cifra que comparada con las posibles demanda laboral proyectada por los más optimistas, 200.000 nuevos empleos, nos permite inferir que, si estos nuevos puestos de trabajo fuesen sólo para profesionales, se tendrá cada año a 50.000 jóvenes profesionales frustrados.
El Estado Chileno debe asumir la responsabilidad de regular el sistema de ingreso de los estudiantes al Sistema de Educación Superior, trasparentando el quehacer de cada institución que lo conforma, para evitar que una manipulación del mercado provoque frustraciones y endeudamiento en aquellos estudiantes que, influido por una campaña publicitaria, elijan equivocadamente su futuro académico. Después de una mala decisión en educación, como en salud, difícilmente habrá una segunda oportunidad, el mercado, por sí solo, no es garantía de calidad y equidad.
En el marco actual, la Educación Bàsica y Media y en particular la Educación Superior, después de las AFP y de las ISAPRES, es el negocio más lucrativo para algunos y perjudicial para el país, en torno al cuál se desarrollarán los negocios de las financieras y de las acreditadoras.
En relación a las Universidades del Estado, como ocurre en todos los países del mundo, éstas, por su naturaleza, deben ser las conductoras de los cambios sociales que permitan, más allá de los gobiernos de turno, plasmar una visión de Estado en el desarrollo armónico del país en un marco de justicia social. Por tal razón, ellas requieren de una atención preferente del Estado en lo que respecta a financiamiento y control, no significando esto último que se coarte la autonomía universitaria.
La comunidad universitaria estatal y los legisladores están en deuda con el país. La primera, como ya se ha mencionado, no ha asumido las responsabilidades de democratizar la Universidad, puesto que, ella no ha sido capaz de elaborar nuevos estatutos que permitan, además de establecer compromisos claros con el país, aportar en un marco éticamente responsable los profesionales que el país requiere, desarrollando al más alto nivel la docencia, la investigación y la proyección social. Los segundos, no han tenido la voluntad política de legislar en la dirección de proveer al Estado de las herramientas pertinentes para que éste asuma, para con sus universidades, el rol que la sociedad le demanda, aportándoles los recursos que estas Instituciones requieren para desempeñar sus funciones, las cuales, en ningún caso serán asumidas por aquellas instituciones privadas que, la sombra de una política de mercado, hacen de su norte la obtención de lucros que benefician sólo a sus accionistas. Al respecto, cabe señalar que es de imperiosa necesidad, que en forma urgente, se derogue la LOCE, por constituir ésta el nudo gordiano que impide que el Estado asuma a plenitud la responsabilidad con sus universidades.
FAUECH, integrada por las asociaciones de académicos de todas las universidades del estado de Chile; ha venido sosteniendo la necesidad de establecer un estatuto base, común para las Universidades del Estado. Tema recurrente en los encuentros triestamentales de Asociaciones a nivel nacional en los cuales también ha participado el Consorcio de Rectores de las Universidades del Estado, organismo del que todavía esperamos sus aportes a este respecto, y que insistentemente le hemos solicitado.
La derogación de la LOCE es una propuesta que desde la creación de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado de Chile, FAUECH, ha formulando. Por ello hoy solidariza y felicita a los jóvenes del país que han despertado desde las bases del estudiantado de la educación media procedentes de los colegios municipalizados, en un movimiento que ahora cubre a todos los actores de la Educación nacional.
Hoy, que la opinión pública ya hace suya estas demandas, esperamos que los medios de comunicación actúen correctamente y no sólo exploten comercialmente el acontecer nacional para luego introducir distractores tendientes a reducir la presión por estas demandas; siendo lo más importante, que los poderes del Estado tanto Ejecutivo como Legislativo, asuman desinteresadamente y de una vez, de forma seria, con consciencia social y de desarrollo de la nación la responsabilidad que les corresponde y actúen ágilmente, según lo que todos los jóvenes y sus familias, es decir la ciudadanía, clama desde todos los rincones el país.
FAUECH
Por: Glen E. Lizardi Flores | Cerebro Crítico | Comentarios (0) | Referencias (0)